Leyes de Puerto Rico en LexJuris.com (2022)

Leyes de Puerto Rico en LexJuris.com (1)

LEY DE ÉTICA GUBERNAMENTAL

(LeyNúm. 12 de 24 de julio de 1985 – contiene las enmiendas incorporadas yson las siguientes)

Parapromover y preservar la integridad de los funcionarios e instituciones públicasdel Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; establecer un Código deÉtica para los funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva, establecerdisposiciones referentes a los funcionarios y empleados de las Ramas Judicial yLegislativa y para los ex‑servidores públicos de las Ramas Ejecutiva,Legislativa y Judicial; crear la Oficina de Ética Gubernamental y determinarsus funciones; requerir que funcionarios gubernamentales que ocupen cargoselectivos, de alto nivel y sensitivos sometan informes sobre sus finanzaspersonales para evitar posibles conflictos de intereses; imponer ciertosdeberes y conceder ciertas facultades al Secretario de Justicia; establecerpenalidades, proveer fondos para la ejecución de esta Ley, y para derogar laLey Núm. 110 de 12 de mayo de 1943, según enmendada y la Ley Núm. 28 de 8 dejunio de 1948, según enmendada.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Nuestropueblo creció históricamente con una ejemplar tradición cultural y unamoralidad de corrección y de excelencia.Como pueblo, como personas y, aún más, como funcionarios públicos, nopodemos alejarnos de esa orientación.

ElEstado Libre Asociado de Puerto Rico, como cuerpo político, está comprometidocon una responsabilidad moral y con una responsabilidad ética en el sentido deobrar de acuerdo a unas normas y principios que rigen la conducta del buenvivir de su gente. Esa responsabilidadética obliga a un continuo examen del comportamiento social y público de susciudadanos.

Entodo momento, tiene el Estado que garantizar el respeto al derecho y laobediencia a la ley. Esta misión le esfundamental especialmente cuando se trata de la conducta de aquellosfuncionarios públicos que lo representan como servidores.

Hayocasiones en que, por desventura, surgen unas acciones improcedentes por partede algunos funcionarios que, al incurrir en claras faltas a las normas deética, ponen en riesgo la estabilidad del soporte moral del Estado. Es intolerable que existan funcionariospúblicos en representación de la administración del Gobierno que puedanlucrarse del patrimonio del pueblo. Losconflictos de intereses, especialmente financieros, en abierta violación a lasleyes, son también intolerables.

Pararestaurar la confianza del pueblo en su Gobierno y en sus funcionariospúblicos, cuando muchos de ellos han rebasado el nivel de lo tolerable, espreciso adoptar nuevas medidas legislativas que sean eficaces para prevenir ypara penalizar el comportamiento delictivo de aquellos funcionarios que, en eldesempeño de sus labores gubernamentales, vulneren los principios básicos deuna ética de excelencia.

Envista de estas consideraciones, entendemos que la aprobación de un Código deÉtica para los funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva y la creación enesta Ley de la Oficina de Ética Gubernamental es una medida cuya aprobación esde trascendental importancia.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de PuertoRico:

CAPITULO I ‑ TITULO Y DEFINICIONES

Artículo1.1‑ Esta ley se conocerá como la Ley de Ética Gubernamental del EstadoLibre Asociado de Puerto Rico.

Artículo1.2‑ Definiciones

Parapropósitos de este capítulo, las palabras o frases que a continuación se enumerantendrán el significado que aquí se indica, a menos que del contexto surjaclaramente otro significado:

(a) funcionario público - incluye aquellas personas que ocupan cargos oempleos en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que estáninvestidos de parte de la soberanía del Estado, por lo que intervienen en laformulación e implantación de la política pública.

(b) empleado público ‑ incluye aquellas personas que ocupan cargos o empleos en el Gobierno delEstado Libre Asociado dePuerto Rico que no están investidas de parte de la soberanía del Estado ycomprende los empleados públicos regularese irregulares, los que prestan servicios por contrato que equivalen a un puestoo cargo regular, los de nombramiento transitorio y los que se encuentran enperíodo probatorio.

(c) servidor público ‑ incluye a los funcionarios y a los empleadospúblicos.

(d) ex‑servidores públicos ‑ incluye a las personas que hayanservido como funcionarios o empleados públicos en las agencias ejecutivas delGobierno de Puerto Rico, de la Rama Legislativa y de la Rama Judicial.

(e) agencias ejecutivas ‑ incluye los organismos y entidades de laRama Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico incluyendolas corporaciones públicas, los municipios y las agencias que estén bajo el control de esta Rama.

(f) persona privada ‑ incluye las personasnaturales y las jurídicas o grupos de personas.

(g) unidad familiar ‑ incluye al cónyuge del funcionario o empleado público,a los hijos dependientes de éste, o aquellas personas que comparten con elservidor público su residencia legal, o cuyos asuntos financieros están bajo elcontrol de jure o de facto del funcionario o empleado público.

(h) acción oficial ‑ incluye, entre otros, las decisiones o accionesejecutivas o administrativas tales como la concesión de permisos, licencias,órdenes, autorizaciones, exenciones, resoluciones y contratos. No incluye la aprobación de legislaciónestatal.

(i) contribución ‑ incluye pago, regalo,suscripción, préstamo adelantado y cualquier promesa o acuerdo de concederlo.

(j) ingreso ‑ significa todo ingreso decualesquiera procedencia incluyendo, pero no limitado, a las siguientescategorías: salarios, remuneración porservicios, ingreso bruto derivado de un negocio, ganancias derivadas detransacciones en propiedad, intereses, rentas, dividendos, regalías,anualidades, ingreso de contratos de seguros de vida y dotales, pensiones,participación proveniente de una sociedad e ingreso correspondiente a uninterés en una sucesión o fideicomiso.No se considerará "ingreso" o "regalo" lascontribuciones hechas a organizaciones políticas o candidatos conforme a la autorizaciónprovista por las leyes electorales vigentes.

(k) regalo ‑ incluye, entre otros, dinero, bienes o cualquierobjeto, oportunidades económicas, propinas, descuentos, o atencionesespeciales.

(l) interés o participación controlante ‑la propiedad de más del cincuenta por ciento de una entidad, negocio o bien ola propiedad de una parte suficiente para otorgar el control efectivo de lasdecisiones.

(m) Gobiernode Puerto Rico ‑ significa Gobierno del Estado Libre Asociado de PuertoRico.

(n) Rama Legislativa ‑ significa la Cámara de Representantes y elSenado de Puerto Rico, el Contralor de Puerto Rico, el Procurador del Ciudadano(Ombudsman) y cualquier oficina o dependencia conjunta de ambos cuerposlegislativos.

(o) Rama Judicial - significa losJueces del Tribunal de Primera Instancia, los Jueces del Tribunal de Circuitode Apelaciones y los Jueces del Tribunal Supremo.

(p) Oficina ‑ significa la Oficina de Ética Gubernamental de PuertoRico creada por esta ley.

(q) Director ‑ significa el Director de la Oficina de ÉticaGubernamental de Puerto Rico creada por esta ley.

(r) contrato - significa un convenio o negocio jurídicopara hacer o dejar de hacer determinado acto, otorgado con el consentimiento delas partes contratantes, en relación con un objeto cierto que sea materia delcontrato y por virtud de la causa que se establezca.

(s) conflicto de intereses - significa aquella situación en la que elinterés personal o económico del servidor público o de personas relacionadascon éste, está o puede razonablemente estar en pugna con el interés público.

CAPITULO II ‑ CREACION DE LA OFICINA DEETICA GUBERNAMENTAL

Artículo2.1- Creación

Secrea la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, en adelante denominada Oficina,la cual tendrá a su cargo velar por que se cumplan estrictamente lasdisposiciones de ley que establecen determinadas prohibiciones a losfuncionarios y empleados públicos por razón de sus cargos o empleos o queexigen a determinados funcionarios la divulgación de información financiera.

Afin de promover la independencia administrativa que es indispensable paraejercer la delicada función que se le encomienda, la Oficina estará excluida dela Ley Núm. 5 del 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como Ley dePersonal del Servicio Público de Puerto Rico, de la Ley Núm. 230 del 23 de julio de 1974, segúnenmendada, conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico y dela Ley Núm. 164 del 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley dela Administración de Servicios Generales.

Noobstante lo anterior, las operaciones fiscales de la Oficina serán auditadas yexaminadas por el Contralor de Puerto Rico.La Oficina tendrá capacidad para demandar y ser demandada.

Artículo2.2‑ Nombramiento y Destitución del Director Ejecutivo.

(1)La Oficina estará dirigida por un Director Ejecutivo, en adelante denominadoDirector. Tan pronto se apruebe estaley, el Secretario de Justicia deberá convocar a los ex‑Jueces delTribunal Supremo de Puerto Rico con la encomienda de que éstos recomienden alGobernador una lista de por lo menos tres (3) posibles candidatos para ocuparel cargo de Director.

Encaso de que el número de ex‑Jueces del Tribunal Supremo de Puerto Ricosea menor de cinco, el Secretario de Justicia nombrará ex‑Jueces delTribunal Superior para que, conjuntamente con los ex‑Jueces del TribunalSupremo, constituyan un panel de cinco miembros con la encomienda de recomendarpor lo menos tres (3) posibles candidatos para ocupar el cargo de Director.

Cuandono haya ex‑Jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico el Secretario deJusticia nombrará un panel de cinco ex‑Jueces del Tribunal Superior paraque recomienden al Gobernador por lo menos tres (3) posibles candidatos paraocupar el cargo de Director.

Encaso de que los ex‑Jueces no sometan al Gobernador el listado decandidatos recomendados dentro de treinta (30) días luego de ser convocados porel Secretario de Justicia, el Gobernador realizará la designación.

Nadade lo aquí dispuesto se entenderá como una limitación a la facultadconstitucional del Gobernador para ejercer con absoluta discreción su poder denombramiento. El Director será nombradopor el Gobernador, sujeto al consejo y consentimiento del Senado y de la Cámarade Representantes.

(2)El Director servirá por un término de diez (10) años o hasta que su sucesor seanombrado y tome posesión. La personadesignada para ocupar tal cargo no podrá ser nombrada por más de un (1)término. En caso de que surja unavacante antes de expirar el término de diez (10) años en el cargo de Director,el nuevo nombramiento se extenderá por el término de diez (10) años.

Entodos los nombramientos sucesivos se seguirá el mismo proceso de nombramiento establecidoen el inciso anterior. Tan prontoocurra una vacante en este cargo, el Secretario de Justicia convocará los ex‑Juecesdel Tribunal Supremo de Puerto Rico y nombrará los ex‑Jueces del TribunalSuperior en los casos previstos en el inciso anterior.

(3)El Director no podrá:

(a) aportar dinero, en forma directa o indirecta, aorganizaciones o partidos políticos.

(b) desempeñar o hacer campaña para ocupar cargoalguno en la dirección u organización de un partido político ni postularse paraun cargo público electivo.

(c) participar ni colaborar, directa oindirectamente, en campaña política de clase alguna.

(d) influenciar en alguna decisión de algúnfuncionario gubernamental, excepto cuando ello corresponda dentro de susfunciones oficiales.

(4)El Director podrá ser destituido de su cargo sólo por las siguientes causas:

(a) conducta inmoral, ilícita o reprensible, o laviolación de las prohibiciones relativas a su cargo que establece esta ley;

(b) incompetencia o inhabilidad profesionalmanifiesta en el desempeño de sus funciones y deberes;

(c) la convicción por cualquier delito grave o menosgrave que implique depravación moral;

(d) abuso manifiesto de la autoridad o la discreciónque le confieren ésta u otras leyes;

(e) abandono de sus deberes.

ElDirector podrá ser separado de su cargo por causa de incapacidad física omental. La separación se considerará como una renuncia voluntaria a todos losefectos y consecuencias legales.

ElDirector sólo podrá ser destituido o separado de su cargo, mediante la debidaformulación de cargos ante el TribunalSupremo, el cual establecerá el procedimiento a seguir y tomará la decisióncorrespondiente.

Artículo2.3- Requisitos y Sueldo

Elcargo de Director sólo podrá ser desempeñado por un individuo mayor de edad,ciudadano de los Estados Unidos y ciudadano y residente bona‑fide dePuerto Rico, que sea de reconocidacapacidad profesional, probidad moral y tenga conocimientos de laadministración pública y la gestión gubernamental.

Enlos últimos cuatro años inmediatamente anteriores a su nombramiento, la personano podrá haber sido candidata en un proceso de primarias o en eleccionesgenerales o especiales.

ElDirector devengará un sueldo anual equivalente a setenta y cinco mil (75,000)dólares, o el sueldo equivalente al de un Juez del Tribunal de Circuito deApelaciones, lo que resulte mayor.

ElDirector tendrá la opción de ingresar, darse de baja o reingresar al Sistema deRetiro de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley Núm. 447 aprobadael 15 de mayo de 1951, según enmendada, y al Fondo de Ahorro y Préstamo creadopor la Ley Núm. 133 de 28 de junio de 1966, según enmendada.

Artículo2.4- Facultades y Poderes

ElDirector tendrá los siguientes deberes y poderes:

(a) Promover y formular políticas y programas deconducta ética y moral para los servidores públicos dirigidos a la consecuciónde los siguientes objetivos:

1. el establecimiento de criterios de excelencia,integridad personal, honestidad, responsabilidad y veracidad en las gestionespúblicas para inspirar, fomentar y restituir la confianza de los ciudadanos enlas instituciones gubernamentales.

2. el compromiso por parte de todos los servidorespúblicos de que los intereses personales no sustituirán los intereses públicosy de que se eliminará toda norma de ilegalidad, discriminación, fraude oimpericia administrativa.

3. el apoyo continuo y la realización de talleres yprogramas de adiestramiento para facilitar el cumplimiento del sistema demérito y para que se logre la excelencia y el profesionalismo en el serviciopúblico.

4. el comportamiento de todos los servidorespúblicos con actitud de respeto, cortesía y preocupación por las necesidades delos ciudadanos más allá de la conveniencia personal del funcionario o empleadoy más allá de la complacencia con el estado de situación.

5. la protección de toda aquella informaciónconfidencial a la que privilegiadamente tenga acceso el servidor público comoparte de sus responsabilidades.

6. lamotivación en todos los servidores públicos para que ejerzan el máximo de ladiscreción que le sea permitida para promover la eficiencia gubernamental y elinterés público.

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(b) Interpretar, aplicar y hacer cumplir las disposiciones de esta ley y lasreglas y reglamentos que establecen determinadas prohibiciones respecto a laconducta de ciertos funcionarios y empleados públicos o que rigen lascuestiones de ética, de conflicto de intereses y de radicación de informesfinancieros.

(c) Resolver controversias sobre la aplicación de esta ley.

(d) Establecer y administrar procedimientos para identificar violaciones ala ética y a la honestidad, para prevenir los conflictos de intereses y paratomar u ordenar las medidas disciplinarias administrativas o civilesautorizadas por esta ley, luego de las correspondientes investigaciones yvistas en las que las partes afectadas tengan adecuada oportunidad de ser oídasy de defenderse.

(e) Examinar y obtener copia de toda la prueba relevante relacionada concualquier asunto que esté investigando, estudiando, o que esté en controversiaante la Oficina y designar oficiales examinadores para celebrar vistas yrecibir prueba.

(f) Tomar juramentos, por sí o a través de cualquierfuncionario de su Oficina en quien delegue, y solicitar del Tribunal Superiorcitaciones requiriendo la comparecencia y declaración de testigos, y lapresentación de documentos y toda prueba que se relacione con un asuntopendiente ante la Oficina.

(g) Emitir las órdenes que sean necesarias y convenientes para cumplir consus funciones, responsabilidades y deberes bajo esta ley.

(h) Promulgar los reglamentos que sean necesarios y convenientes paracumplir con los propósitos de esta medida, incluyendo reglas de procedimientopara las vistas e investigaciones que celebre, las cuales tendrán fuerza deley.

(i) Llevar a cabo la revisión de los informesfinancieros que se radiquen, a fin de determinar si dichos informes revelanposibles violaciones a las leyes o reglamentos aplicables a conflictos deintereses, y recomendar la acción correspondiente para corregir cualquierconflicto de intereses o cuestión de ética revelado por dicha revisión.

(j) Establecer por reglamento la información que deberáincluirse en los informes financieros, y la accesibilidad de los mismos parapública inspección. Estos reglamentostendrán vigencia con respecto a personas de la Rama Ejecutiva y los alcaldes, apartir de la fecha en que sean aprobados por el Gobernador, y promulgados; conrespecto a los miembros de la Asamblea Legislativa, a partir de la fecha en quesean aprobados por el Senado y por la Cámara de Representantes, según sea elcaso, y promulgados.

En relación a los miembros de la Rama Judicial, apartir de la fecha en que sean aprobados por el Hon. Juez Presidente delTribunal Supremo y promulgados.

(k) Desarrollar y adoptar mediante reglamentos consistentes con esta ley,las normas para regir los procedimientos de radicación y revisión de losinformes financieros que radiquen los funcionarios y empleados que tengan laobligación legal de rendir dichos informes.

(l) Supervisar e investigar el cumplimientoindividual o agencia con cualesquiera requisitos de informes financieros o derevisión interna establecidos por ley.

(m) Estudiarlos informes del Contralor de Puerto Rico y de la Comisión Conjunta SobreInformes Especiales del Contralor con el fin de identificar posiblesviolaciones a las disposiciones de esta ley, llevar a cabo las investigacionesque estime necesarias y tomar las acciones pertinentes aquí autorizadas.

(n) Establecer un servicio de opiniones emitidas sobre los asuntos de suincumbencia que sean de aplicación general o sobre asuntos específicos que sele consulten. Las opiniones delDirector deberán ser recopiladas, publicadas y estar disponibles tanto para losorganismos de gobierno así como para el público en general. El Director podrá fijar y cobrar al públicoun cargo razonable para compensar los costos de impresión y distribución deestas opiniones.

(ñ)Solicitar de las agencias aquellos informes que estime necesarios.

(o) Colaborar con el Secretario de Justicia en la evaluación de laefectividad de las disposiciones legales que rigen los conflictos de interesesy hacer las recomendaciones pertinentes.

(p) Evaluar la necesidad de introducir enmiendas a las reglas yreglamentos relativos al conflicto de intereses y a las cuestiones de ética enel Gobierno con el propósito de atemperarlos, o de que suplementenadecuadamente, a las leyes sobre estos conflictos.

(q) Desarrollar las normas generales relativas a la prevención deconflictos de intereses por los funcionarios y empleados en el servicio públicoy un sistema efectivo para informar al Secretario de Justicia sobre posiblesviolaciones a las leyes sobre estos conflictos.

(r) Proveer información y promover la difusión ycomprensión de las normas de ética en las agencias para orientar al público ypara educar y enterar a los servidores públicos y a los ciudadanos sobre lasfunciones de la Oficina y sobre la ética gubernamental en general.

(s) Delegar, bajo su supervisión, en cualquier funcionario de su agencia ode cualquier otra agencia gubernamental que al efecto designe, cualquierfacultad o poder, cuando ello fuere necesario, excepto el poder dereglamentación. Estos delegados seránreconocidos, para todo efecto legal, como si sus funciones las estuvieseejerciendo directamente el Director.

(t) Organizar la Oficina y nombrar o contratar elpersonal que sea necesario para llevar a cabo las funciones y deberes que seestablecen en esta ley de acuerdo a los criterios que aseguren la prestación deservicios de la mejor calidad, sin estar sujeto a las leyes de personal.

(u) Tomar cualquier otra acción o medida que sea necesaria y convenientepara cumplir con los propósitos de esta ley.

Artículo2.5- Acceso a Información y Servicios

Arequerimiento del Director toda agencia deberá:

(a) poner a disposición del Director, al máximo posible, sus servicios, personaly facilidades para llevar a cabo las disposiciones de esta ley.

(b) excepto cuando esté expresamente prohibido por ley, suplir al Directortoda la información en su poder que el Director estime necesaria para llevar acabo sus funciones.

(c) considerar las enmiendas a la reglamentación de personal que esté envigor y que a juicio del Director sean necesarias para incorporar lasdisposiciones relacionadas con la ética, para prevenir los conflictos deintereses de los servidores públicos, para tipificar la conducta queconstituirá violación a los reglamentos vigentes y para establecer lassanciones administrativas correspondientes que no estén cubiertas por talreglamentación o cuando proceda suprimir las discrepancias existentes.

Artículo2.6- Comités de Ética Gubernamental

A requerimiento del Director toda agenciaejecutiva y gobiernos municipales creará un Comité de Ética Gubernamental, enadelante “el Comité”, compuesto por los servidores públicos que ocupen los siguientespuestos o similares:

(a) Ayudante Especial delJefe de la agencia ejecutiva, o del alcalde o en su defecto aquella persona enquien éste delegue.

(b) Director de la División Legal o surepresentante.

(c) Director de la Oficinade Recursos Humanos o su representante.

(d) Director de Auditoría Interna o Finanzas o surepresentante.

(e) Oficial de Enlace de laagencia ejecutiva o del gobierno municipal con la Oficina, si no fuera uno delos anteriores.

(f) Cualquier otra personanombrada por el jefe de la agencia ejecutiva o el alcalde según entiendanecesario.

Los Comités tendrán las siguientes funciones ydeberes, entre otros:

(1) Mantener informado al jefe de la agenciaejecutiva o al alcalde, según sea el caso, sobre los trabajos llevados a cabopor el Comité.

(2) Velar que se dé seguimiento y se cumpla conlos señalamientos en informes de intervención de la Oficina del Contralor, asícomo en informes de auditorías internas y externas realizadas en las agenciasejecutivas y gobiernos municipales.

(3) Velar que se establezcan controlesadministrativos que impidan y desalienten al personal a incurrir en violacionesa esta Ley, sus reglamentos y cualquier otra ley dirigida a atacar lacorrupción en el servicio público.

(4) Velar que el personal cumpla con lasdisposiciones de esta Ley, así como constatar, de tiempo en tiempo, laefectividad de los controles administrativos establecidos y velar que se cumplacon los mismos.

(5) Realizar cualquier otra función que a juiciodel Director de la Oficina sea necesaria para lograr el objetivo de prevenir lacorrupción gubernamental.

(6) Los Comités coordinarán sus acciones deconformidad con las normas que establezca la Oficina.

(7) Las agencias ejecutivas y los gobiernosmunicipales informarán al Director de la Oficina los nombres de los miembros desus Comités. De surgir cualquier cambioo puesto vacante sobre los componentes del Comité deberán informar los mismos alDirector, durante los treinta (30) días siguientes a la fecha de efectuados loscambios.

Artículo2.7- Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético

Conel propósito de ampliar e intensificar la política pública de prevención, através de la educación, delegada a la Oficina, se crea el Centro para elDesarrollo del Pensamiento Ético (en adelante el “Centro”).

ElCentro tiene como misión alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos:

1. Proveer a los servidores públicosadiestramientos en servicios que promueva una adecuada formación académica yoperacional sobre la ética gubernamental y la sana administración de losrecursos públicos.

2. Ofrecer un programa formativo de cursos que tengacomo objetivo estudiar los aspectos sustantivos y procesales específicos ygenerales de la Ley de Ética Gubernamental.

3. Diseñar adiestramientos en los cuales seanalice y discuta la importancia de la ética en los procesos gubernamentales yprivados.

4. Examinar el problema de la corrupción desdeuna metodología interdisciplinaria que explique los componentes económicos,políticos y socio-culturales que lo constituyen.

5. Fomentar la investigación sobre todos losaspectos relacionados a la ética, entre éstos, la inherencia que el factorético tiene sobre las gestiones estatales internas y su pertinencia e impactoen las relaciones internacionales contemporáneas.

6. Difundir mediante el mecanismo de publicaciónlos hallazgos de una investigación actualizada sobre el proceso ético público ysocial.

LaOficina será la entidad responsable de diseñar, ofrecer y coordinar los cursosprovistos por el Centro.

Alos fines de realizar dicha encomienda, el Director de la Oficina se encuentrafacultado para:

1. Coordinar el desarrollo de dichos cursos conla Universidad de Puerto Rico y la Oficina del Contralor.

2. Requerir a la Oficina Central deAsesoramiento Laboral y Administración de Recursos Humanos y a toda otra agenciao dependencia gubernamental ayuda técnica, propiedad, personal, tecnología yotros recursos para hacer posible el ofrecimiento de estos cursos.

3. Contratar la prestación de servicios,adiestramientos y talleres de personas u organizaciones privadas en y fuera dePuerto Rico con el propósito de promover los objetivos del Centro.

4. Contratar personal docente de la Universidadde Puerto Rico a tono con las necesidades del Centro.

5. Revisar el currículo de los cursos a fin deatemperar el mismo a las necesidadesque surjan en el servicio público.

6. Aceptar donaciones o asignacioneslegislativas del Gobierno de los Estados Unidos de América. Las emisoras de radio y televisión delGobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, operadas por la Corporaciónpara la Difusión Pública, asignará, libre de costo, espacio de tiempopermanente, de por lo menos dos horas mensuales, para la difusión de losprogramas, proyectos e iniciativas que promuevan la ética y la política públicade la Oficina.

Todofuncionario o empleado público tendrá que tomar cada dos (2) años un mínimo dediez (10) horas de cursos otorgados por la Oficina para mantener un proceso deEducación Continua.

Apetición de una agencia o de un servidor público, el Centro podrá convalidarpara efectos de esta legislación las horas cursos ofrecidas por la Oficinatomadas por un servidor público desde el primero (1ro) de mayo de 2000 hasta lafecha en que se implante formalmente lo dispuesto en este Artículo.

TodoJefe de una agencia ejecutiva concederá tiempo, sin cargo a licencias, a susservidores públicos para cumplir con la obligación que le impone esta Ley.

CAPITULO III ‑ CODIGO DE ETICA PARA LOSFUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA EJECUTIVA; RESTRICCIONES PARA LAS ACTUACIONESDE EX‑SERVIDORES PUBLICOS, DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS FUNCIONARIOS YEMPLEADOS DE LAS RAMAS JUDICIAL Y LEGISLATIVA

Artículo3.1- Jurisdicción y Alcance

EsteCódigo reglamenta la conducta de los funcionarios y empleados de la RamaEjecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo suscorporaciones públicas y las agencias que estén bajo el control de dicha Rama,sus municipios, corporaciones y consorcios municipales. También este Código establece algunasrestricciones para las actuaciones de ex‑servidores públicos de las RamasEjecutiva, Legislativa y Judicial.

Ademásde lo que dispongan la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,las leyes, los reglamentos y las órdenes ejecutivas en vigor, se establecenciertas disposiciones en cuanto a la aprobación de normas para regir laconducta de los servidores públicos de la Rama Legislativa y Judicial.

Artículo3.2- Prohibiciones Éticas de Carácter General

(a) Ningún funcionario o empleado público desacatará, ya sea personalmenteo actuando como servidor público, las leyes en vigor ni las citaciones uórdenes de los Tribunales de Justicia, de la Rama Legislativa o de las agenciasde la Rama Ejecutiva que tengan autoridad para ello.

(b) Ningún funcionario o empleado público dilatará la prestación de losservicios que las agencias ejecutivas del Gobierno del Estado Libre Asociado dePuerto Rico están obligadas a ofrecer ni entorpecerá el funcionamientoeficiente de la Rama Ejecutiva.

(c) Ningún funcionario o empleado público utilizará los deberes yfacultades de su cargo ni la propiedad o fondos públicos para obtener, directao indirectamente para él, para algún miembro de su unidad familiar, ni paracualquier otra persona, negocio o entidad, ventajas, beneficios o privilegiosque no estén permitidos por ley.

(d) Ningún funcionario o empleado público solicitará ni aceptará bienalguno de valor económico como pago por realizar los deberes yresponsabilidades de su empleo aparte del sueldo, jornal o compensación a quetiene derecho por su función o empleo público.

(e) Ningún funcionario o empleado público aceptará o solicitará de personaalguna, directa o indirectamente, para él, para algún miembro de su unidad familiar,ni para cualquier otra persona, negocio o entidad, bien alguno de valoreconómico, incluyendo regalos, préstamos, promesas, favores o servicios acambio de que la actuación de dicho funcionario o empleado público estéinfluenciada a favor de esa o cualquier otra persona.

(f) Ningún funcionario o empleado público que estéregularmente empleado en el Gobierno, recibirá paga adicional o compensaciónextraordinaria de ninguna especie del Gobierno de Puerto Rico o de cualquiermunicipio, junta, comisión u organismo que dependa del Gobierno, en ningunaforma, por servicio personal u oficial de cualquier género, aunque sea prestadoen adición a las funciones ordinarias de dicho funcionario o empleado a menosque la referida paga o compensación extraordinaria esté expresamente autorizadapor el Artículo 177 del Código Político o por alguna otra disposición de ley.

(g) Ningún funcionario o empleado público revelará o usará informaciónconfidencial, adquirida por razón de su empleo, para obtener, directa oindirectamente, ventaja o beneficio económico para él, para un miembro de suunidad familiar o para cualquier otra persona, negocio o entidad.

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(h) Ningún funcionario público podrá intervenir en forma alguna encualquier asunto en el que él o algún miembro de su unidad familiar tenga unconflicto de intereses.

(i) Ningún funcionariopúblico o empleado público podrá nombrar, promover o ascender a un puesto defuncionario o empleado público, o contratar por sí, o a través de otra personanatural o jurídica, negocio o entidad en la que tenga interés en la agenciaejecutiva en la que trabaje o tenga la facultad de decidir o influenciar, acualquier persona que sea pariente de dicho funcionario o empleado públicodentro del cuarto grado de consanguinidad o del segundo grado por afinidad.Cuando el funcionario público o empleado público con facultad para decidir oinfluenciar entienda que es imprescindible por el bienestar del serviciopúblico y el buen funcionamiento de la agencia contratar, nombrar, promover oascender a un pariente suyo dentro de los grados de parentesco antesmencionados, en un puesto de funcionario público o empleado público, tendrá quesolicitar una autorización por escrito al Director Ejecutivo de la Oficina deÉtica Gubernamental donde exponga las razones específicas que justifican talcontrato, nombramiento, o ascenso en ese caso en particular, previo a llevar acabo dicha acción, de conformidad a la reglamentación que adopte la Oficina deÉtica Gubernamental. La Oficina de Ética Gubernamental deberá, dentro deltérmino directivo de treinta (30) días desde la fecha de haberse radicado lasolicitud de dispensa, autorizar o denegar la misma. La Oficina de EticaGubernamental notificará al solicitante de la aprobación de la dispensa o de sudenegación. En caso de denegar la solicitud de dispensa deberá fundamentardicha decisión presentando un informe escrito. La prohibición que aquí seestablece no será de aplicación a la situación de un funcionario o empleadopúblico que nombre, promueva o ascienda en un puesto de carrera en la agenciaen que trabaje o sobre la cual ejerza jurisdicción, a un funcionario o empleadopúblico que sea su pariente dentro de los referidos grados, cuando elfuncionario o empleado público, nombrado, promovido o ascendido haya tenido laoportunidad de competir en igualdad de condiciones con otros aspirantesmediante un proceso de selección a base de pruebas, exámenes o evaluaciones depreparación y experiencia, y se haya determinado objetivamente que es elcandidato idóneo o mejor calificado en el registro de elegibles para el puestoen cuestión y el pariente con facultad no haya intervenido en el mismo.Asimismo, las prohibiciones antes descritas, con excepción de la denombramiento, serán de aplicación a aquellos empleados o funcionarios públicosque advengan a la relación de grado de parentesco dispuestos en esta Leydespués de su nombramiento o designación.

Artículo3.3- Prohibiciones relacionadas con otros empleos, contratos o negocios

(a) Ningún funcionario o empleado público aceptará o mantendrá un empleo orelaciones contractuales o de negocio, o responsabilidades adicionales a las desu empleo o cargo público, ya sea en el Gobierno o en la esfera privada que,aunque legalmente permitidos, tenga el efecto de menoscabar su independencia decriterio en el desempeño de sus funciones oficiales.

(b) Ningún funcionario o empleado público aceptará o mantendrá relacionescontractuales de negocio, con una persona, negocio o entidad que estéreglamentada por o que haga negocios con la agencia gubernamental para la cualél trabaja cuando el funcionario o empleado público participe en las decisionesinstitucionales de la agencia o tenga facultad para decidir o influenciar lasactuaciones oficiales de la agencia que tengan relación con dicha persona,negocio o entidad.

(c) Ningún funcionario o empleado público que esté autorizado paracontratar a nombre de la agencia ejecutiva para la cual trabaja, podrá llevar acabo un contrato entre su agencia y una entidad o negocio en que él o algúnmiembro de su unidad familiar tenga o haya tenido durante los últimos cuatro(4) años antes de ocupar su cargo, directa o indirectamente, interéspecuniario.

(d) Ninguna agencia ejecutiva podrá llevar a cabo un contrato en el quecualquiera de sus funcionarios o empleados o algún miembro de las unidadesfamiliares de éstos, tenga o haya tenido durante los últimos cuatro (4) añosantes de ocupar su cargo, directa o indirectamente, interés pecuniario, a menosque el Gobernador, previa recomendación del Secretario de Hacienda y delSecretario de Justicia, lo autorice.

(e) Ningún funcionario o empleado público podrá ser parte o tener algúninterés en las ganancias o beneficios producto de un contrato con cualquier otraagencia ejecutiva o dependencia gubernamental a menos que el Gobernador, previarecomendación del Secretario de Hacienda y del Secretario de Justicia,expresamente lo autorice. Sólo podrállevarse a cabo la contratación en el caso previsto en este párrafo sinsolicitar y obtener la autorización del Gobernador cuando se trate de:

1. Contratos por un valor de $3,000.00 o menos yocurran una sola vez durante cualquier año fiscal.

2. Contratos de arrendamiento, permuta,compraventa, préstamo, seguro hipotecario o de cualquier otra naturaleza que serefieran a una vivienda y/o solar provisto o a ser financiado o cuyofinanciamiento es asegurado o garantizado por una agencia gubernamental.

3. Programas de servicios, préstamos, garantíase incentivos auspiciados por agencias gubernamentales.

En los casos especificados en los apartados 2 y 3 laagencia contratante autorizará las transacciones siempre que concurran lossiguientes requisitos:

a. Se trate de contratos, préstamos, seguros,garantías o transacciones accesibles a cualquier ciudadano que cualifique.

b. Las normas de elegibilidad sean de aplicacióngeneral.

c. El funcionario o empleado público cumpla contodas las normas de elegibilidad y no se le otorgue directa o indirectamente untrato preferente o distinto al delpúblico en general.

(f) Ningún funcionario o empleado que tenga la facultadde aprobar o autorizar contratos podrá evaluar, considerar, aprobar o autorizarun contrato entre una agencia ejecutiva y una entidad o negocio en que él oalgún miembro de su unidad familiar tenga o haya tenido durante los últimoscuatro (4) años antes de ocupar su cargo, directa o indirectamente, interéspecuniario.

(g) Ningún funcionario o empleado público podrá otorgar o autorizar uncontrato con persona privada a sabiendas de que esta persona a su vez estérepresentando intereses particulares en casos o asuntos que involucrenconflictos de intereses o de política entre la agencia gubernamentalcontratante y los intereses particulares que representa dicha personaprivada. A esos efectos, toda agenciagubernamental requerirá de toda persona privada con quien contrate la inclusiónde una cláusula contractual en la que dicha persona privada certifique que noestá incursa en un conflicto de intereses o de política pública conforme a lodescrito en este inciso.

(h) En todo caso en que se haya concertado un contrato en violación a lodispuesto en este Artículo, y que señalada la violación por el Director de laOficina de Ética Gubernamental no se han realizado gestiones para obtener ladispensa dentro de los diez (10) días siguientes al señalamiento, el contratoserá anulable y se autoriza a la Oficina de Ética Gubernamental y al Secretariode Justicia a solicitar a los tribunales de justicia, en representación delEstado Libre Asociado, que tal contrato sea declarado nulo. Cuando se otorgue un contrato sin obtener ladispensa a la que se refieren los Incisos (d) y (e), o cuando la misma seaobtenida luego de otorgado el contrato, el Director de la Oficina de ÉticaGubernamental podrá imponer una multa a los funcionarios responsables por laomisión de obtener la dispensa, conforme a lo dispuesto en la Sección 7.1 de la Ley Núm. 170 de 12de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la "Ley de ProcedimientoAdministrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". Las gestiones para obtener la dispensadentro de los diez días siguientes al señalamiento del Director de unaviolación a los Incisos (d) y (e) serán consideradas como atenuantes pero noeximirán de responsabilidad a los funcionarios objeto del señalamiento.

(i) Las prohibiciones establecidas en esteArtículo no se aplicarán a los contratos celebrados por cualquier agenciaejecutiva para la adquisición de derechos sobre la propiedad literaria oartística, o patentes de invención de sus funcionarios y empleados públicos.

Artículo 3.4‑ [Prohibiciones] Relacionadas con larepresentación de intereses privados conflictivos con las funciones oficiales

(a) Ningún funcionario o empleado público podrá representar, directa oindirectamente, a persona privada alguna para lograr la aprobación de una ley uordenanza, para obtener un contrato, el pago de una reclamación, un permiso,licencia o autorización ni en cualquier otro asunto, transacción o propuesta,si él o algún miembro de su unidad familiar ha participado o participará oprobablemente participe en su capacidad oficial en la disposición delasunto. Esta prohibición no seráaplicable cuando se trate de actuaciones oficiales del funcionario o empleadopúblico dentro del ámbito de su autoridad.

(b) Ningún funcionario o empleado público podrá representar directa oindirectamente, a persona privada alguna ante una agencia ejecutiva, respecto acualquier reclamación, permiso, licencia, autorización, asunto, transacción opropuesta que envuelva acción oficial por parte de la agencia si él o algúnmiembro de su unidad familiar posee autoridad ejecutiva sobre esa agencia.

(c) Ningún funcionario o empleado público podrá representar o de cualquierotra manera asesorar, directa o indirectamente, a persona privada alguna antecualquier agencia ejecutiva, tribunal u otra dependencia gubernamental, encasos o asuntos relacionados con el Gobierno de Puerto Rico ni en casos oasuntos que envuelvan conflictos de intereses o de política pública entre elGobierno y los intereses de dicha persona privada.

(d) Ningún funcionario o empleado público a jornada completa podrá,durante horas laborables, representar, asesorar o servir como perito depersonas o entidades privadas en litigios, vistas, audiencias públicas ocualquier asunto ante tribunales de justicia, organismos cuasi judiciales yagencias administrativas.

(e) Para los fines de este Artículo y del Artículo 3.7 el término"asunto" significa aquéllos en que el funcionario o empleado hayaparticipado personal y sustancialmente y que ocurrieron mediante decisión,aprobación o desaprobación, recomendación o consejo, o investigación particularque involucre partes específicas. Noincluye la intervención o participación del funcionario o empleado en lapromulgación de normas o reglamentos de aplicación general o de directrices einstrucciones abstractas que no aludan a situaciones particulares o casosespecíficos.

Artículo3.5- Normas de conducta para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial yde la Rama Legislativa.

Laconducta de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, de la RamaLegislativa, de la Oficina del Contralor y de la Oficina del Procurador delCiudadano (Ombudsman), se regirá por las disposiciones de las leyes vigentesaplicables a cada una de esas Ramas de Gobierno y oficinas, y por lareglamentación que éstas adopten.

Dentrode un año a partir de la vigencia de esta ley, la Rama Legislativa o cada unade las Cámaras y la Rama Judicial deberán aprobar Códigos de Ética o enmiendasa la reglamentación en vigor que incorporen los principios aquí enunciados,hasta donde ello sea posible sin que constituya un menoscabo de la autonomía queles confieren la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado para regirla conducta de sus funcionarios y empleados respectivos. La Oficina del Contralor y la Oficina delProcurador del Ciudadano (Ombudsman) aprobarán sus respectivos Códigos de Éticano más tarde del 30 de junio de 1995.

Artículo3.6- Deber de Informar Situaciones de Posibles Acciones Antiéticas o deConflictos de Intereses.

Cualquierfuncionario o empleado público de la Rama Ejecutiva que tenga que tomar algunaacción oficial que constituya una violación a las prohibiciones que establecenlos artículos 3.2, 3.3 y 3.4 de esta ley deberá informar el hecho a la Oficinade Ética Gubernamental antes de tomar dicha acción. El funcionario o empleado público podrá solicitar ser relevado detener que intervenir con el asunto o participar en las deliberaciones de laagencia que estén relacionadas con la materia.

Elfuncionario o empleado gubernamental entregará a su supervisor inmediato unacopia de la declaración que radique en la Oficina de Ética Gubernamental.

Laexistencia de una situación conflictiva no impedirá que el funcionario oempleado público tome la acción oficial cuando su actuación o participación searequerida por ley o sea impostergable.

Cuandola Oficina entienda que no existe una situación de conflicto de intereses y queprocede autorizar que se tome la acción, así lo hará constar en una opinión quenotificará al funcionario o al empleado y a la agencia gubernamentalconcernida.

Lasdispensas que se concedan a tenor con los dispuesto en este Artículo o encualquier otra disposición de esta ley se remitirán a la Oficina de ÉticaGubernamental y se mantendrán en un Registro disponible al público.

Artículo3.7- Restricciones para las actuaciones de ex‑servidores públicos.

(a) Ningún ex‑servidor público podrá ofrecer información, asesoraren forma alguna o representar en cualquier capacidad, ya fuere personalmente oa través de otra persona privada, a cualquier persona de intereses contrarios alos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en aquellos asuntos, acciones,procedimientos o reclamaciones que estuvieron en alguna forma sometidos alconocimiento, estudio, investigación, resolución, decisión, o trámite antealguna agencia, oficina, dependencia o tribunal del Gobierno de Puerto Ricomientras dichos ex‑servidores prestaban servicios en esa agencia,oficina, dependencia o tribunal y siempre que dichos ex‑servidoreshubieran tenido que ver directa o indirectamente con dichos asuntos y acciones.

Ningún ex‑servidor público podrá cooperar enforma alguna, ya fuera personalmente o a través de otra persona privada, en lapreparación o tramitación contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico dedichos asuntos, acciones, procedimientos o reclamaciones ni usar ni facilitar eluso contra el Estado Libre Asociado de la información de hecho obtenidamientras fue funcionario o empleado público.

(b) Ningún ex‑servidor público podrá, durante el año siguiente a laterminación de su empleo, ocupar cargo alguno ni tener interés pecuniarioalguno, con persona o entidad alguna con la cual la agencia, oficina,dependencia o tribunal en que trabajó hubiese efectuado contratos de bienes yservicios durante la incumbencia de dicho funcionario o empleado y ésteparticipó directamente en la contratación.

(c) Ningún ex‑servidor público, ningún miembro de su unidad familiarni el negocio en el cual él o algún miembro de su unidad familiar sea socio,miembro, o empleado podrá, durante el año siguiente a la fecha de terminaciónde su empleo, ofrecer información, asesorar o representar en cualquiercapacidad a persona alguna ante la agencia, dependencia o sala del tribunalpara el cual el ex‑servidor público trabajó, respecto a aquellos casos oasuntos con los cuales el ex‑servidor hubiere tenido que ver directa oindirectamente mientras fue funcionario o empleado público.

(d) Ningún ex-servidor público podrá, durante el año siguiente a laterminación de su empleo, ocupar cargo alguno ni tener interés pecuniarioalguno, con persona o entidad alguna si la agencia, oficina, dependencia otribunal en que trabajó le hubiese efectuado a dicha persona o entidad algunainvestigación, examen de auditoría, en la cual él participara directamentedurante el año previo a la terminación de su empleo.

(e) Ninguna agencia ejecutiva contratará con o para beneficio de personasque hayan sido funcionarios o empleados públicos de dicha agencia ejecutiva,hasta tanto haya transcurrido dos años desde que dicha persona haya cesado ensus funciones como tal. El Gobernadorpodrá expedir dispensa en cuanto a la aplicabilidad de esta disposición siempreque tal dispensa resulte en beneficio del servicio público. Esta prohibición no será aplicable acontratos para la prestación de servicios ad honorem.

(f) Las agencias, oficinas, dependencias o tribunales,por iniciativa propia o a petición del Director de la Oficina, rehusarán lasactuaciones o intervenciones de los ex‑servidores públicos que violen lasdisposiciones de este Artículo.

Artículo3.8- Sanciones y remedios

(a) Acciones de Naturaleza Penal

(1) Toda persona que viole intencionalmente las prohibiciones ydisposiciones establecidas en los incisos (c),(d) (e) y (g) del Artículo 3.2,en los Incisos (b), (c), (d) y (e) del Artículo 3.3, en el Artículo 3.4 y en el Artículo 3.7, todos de este Capítulo,incurrirá en delito grave y convicta que fuere, será sancionada por cadaviolación con pena de reclusión por un término fijo de un (l) año o con multade dos mil (2,000) dólares: o ambas penas a discreción del tribunal.

De mediar circunstancias agravantes la pena fijaestablecida podrá ser aumentada hasta un máximo de dos (2) años o hasta tresmil(3,000) dólares. De mediar circunstancias atenuantes la pena podrá serreducida hasta un mínimo de nueve (9) meses o hasta mil (l,000) dólares.

(2) La persona así convicta quedará inhabilitada para desempeñar cualquiercargo o empleo público, sujeto a lo dispuesto en la Sección 3.4 de la Ley Núm.5 del l4 de octubre de l975, según enmendada, conocida como Ley de Personal delServicio Público de Puerto Rico.

(3) Los delitos establecidos en este capítulo prescribirán a los siete (7)años del funcionario o empleado público haber cesado en su cargo o empleo público,disponiéndose que el término prescriptivo no comenzará a decursar hasta tantoel funcionario o empleado público haya concluido toda relación de empleo olaboral con el Gobierno de Puerto Rico.

(4) La persona convicta por los delitos establecidos en este Capítulo notendrá el beneficio de sentencia suspendida.

(b) Acciones de Naturaleza Civil

(1) La Oficina tendrá facultad para solicitar del Tribunal Superior laexpedición de un interdicto para impedir cualquier violación de este Capítulo einterponer las acciones que procedan para cobrar las sanciones civiles que seimpongan a favor del Estado.

(2) La Oficina podrá acudir al Tribunal Superior para solicitar que seimpida, suspenda o paralice la ejecución de cualquier acción oficial que constituyauna violación a las prohibiciones que establece este Capítulo.

(3) Toda persona que reciba un beneficio económico como resultado de laviolación de este Capítulo vendrá obligado a pagar al Estado como sanción civilpor su incumplimiento una suma equivalente a tres veces el valor del beneficioeconómico recibido.

(4) La violación de cualquiera de las disposiciones de este Capítulo puedeser penalizada, en los casos aplicables, con cualquiera de las siguientessanciones administrativas impuestas por la autoridad correspondiente.

a.amonestación escrita

b.suspensión de empleo y sueldo

c.destitución o despido

CAPITULO IV - RADICACIONES DE INFORMES FINANCIEROS POR

DETERMINADOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOSPUBLICOS.

Artículo4.l- Aplicabilidad

(a) Lasdisposiciones de este Capítulo que requieren someter informes financieros sonaplicables a los siguientes funcionarios y empleados públicos:

(1) El Gobernador

(2) El Contralor de Puerto Rico y el Procurador del Ciudadano.

(3) Funcionarios de la Rama Ejecutiva cuyos nombramientos requieran elconsejo y consentimiento del Senado, o del Senado y la Cámara deRepresentantes.

(4) Jefes de agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de PuertoRico, a nivel de Secretario, Subsecretario, y los jefes de las corporacionesmunicipales.

(5) Presidentes, Vicepresidentes, Directores y Subdirectores de lascorporaciones públicas y otras entidades gubernamentales.

(6) Los miembros de laAsamblea Legislativa, sujeto a lo dispuesto en el Artículo 4.l0(D).

(7) Alcaldes, Vicealcaldes, Directores de Finanzas o persona que ocupe unpuesto similar.

(8) Los miembros de la Rama Judicial, sujeto a lo dispuesto en el Artículo4.10 (e).

(9) El Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones; el Administrador delos Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y sus Instrumentalidades,o de cualquier Plan de Pensiones o Retiro establecido por la Legislatura dePuerto Rico o implantado por las Corporaciones Públicas.

(10) Cualquierotro cargo o puesto, incluyendo pero no limitado, al cargo de SecretarioAuxiliar, Director de Negociado o Jefe de Oficina, cuya inclusión searecomendada por el jefe de la agencia y ordenada por el Director de la Oficina.

(11) Todoslos miembros de las Juntas de Subastas, oficiales de compra o delegadocomprador o cualquier persona que ocupe un puesto similar en cualquier agenciaejecutiva.

(b) El Director de la Oficina de Ética Gubernamental o el Gobernador dePuerto Rico podrán eximir de la obligación de radicar informes a las personasque rinden sus servicios sin paga o que sólo reciben dietas.

(c) La obligación de rendir informes financieros bajo esta ley no quedaráafectada por la obligación de rendir informes de esta naturaleza bajo otrasleyes o autoridades.

Artículo4.2- Frecuencia y Cubierta de los Informes Financieros Requeridos.

(Video) Ley Uniforme Interestatal sobre Alimentos para la Familia (UIFSA)

(a) Todo empleado o funcionario público radicará en la Oficina, dentro delos primeros sesenta (60) días siguientes a la fecha en que el funcionario oempleado público tome posesión de un cargo o puesto enumerado, un informedetallado que contenga toda la información requerida por La Oficina. Dicho informe financiero no tendrá que serradicado por aquellas personas que han abandonado un cargo o puesto enumeradoantes de que hayan transcurrido sesenta (60) días desde que asumieron un nuevocargo o puesto enumerado.

Este primer informe cubrirá el último año natural y ensección separada, el tiempo transcurrido del año hasta la fecha en que comenzóen su cargo o empleo.

Aquellos servidores públicos que, a la fecha devigencia de esta ley, hayan ocupado por más de sesenta (60) días un puesto ocargo que esté sujeto a la obligación de rendir informes financieros, someteránsu primer informe dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en queel Director prepare el formulario y el apéndice explicativo que requiere elArtículo 4.3 de esta ley.

Toda persona nominada por el Gobernador para ocuparun cargo o puesto enumerado que requiera la confirmación por el Senado o por elSenado y la Cámara de Representantes radicará, dentro de los primeros quince(l5) días siguientes a la fecha en que dicha nominación haya sido enviada a laAsamblea Legislativa, un informe financiero que contenga la informaciónrequerida por la Oficina.

(b) Los informes anuales se someterán no más tarde del lro. de mayo decada uno de los años siguientes a aquel en que rinda el primer informe siemprey cuando el funcionario o empleado público haya ocupado el puesto por más desesenta (60) días del año natural anterior. El informe cubrirá el año natural anterior.

(c) Al cesar en un cargo o puesto enumerado, toda persona radicará, en oantes de sesenta (60) días con posterioridad a haber cesado en dicho cargo opuesto, un informe financiero que contenga toda la información requerida por laOficina, para el año calendario anterior si aún no lo hubiese radicado ycubriendo hasta la fecha en que dicha persona cesó en tal cargo o puesto, amenos que hubiese pasado a ocupar otro de los cargos o puestos enumerados.

(d) El Director de la Oficina de Ética Gubernamental podrá conceder unplazo adicional para radicar los informes financieros que requiere esta ley,conforme a la reglamentación que adopte, pero este período adicional noexcederá de sesenta (60) días.

(e) No obstante lo dispuesto en este artículo, hasta tanto el Director nohaya preparado el formulario y apéndice explicativo que requiere el Artículo4.3, no habrá obligación de someter los informes financieros requeridos.

Artículo4.3- Contenido de los Informes

ElDirector de la Oficina de Ética Gubernamental determinará por reglamento,adoptado conforme a lo dispuesto en el inciso (J) del Artículo 2.4, lainformación que deberán incluir los informes financieros de acuerdo a lodispuesto en esta ley, diseñará el formulario oficial y el apéndice explicativoque se utilizará para remitir la información exigida y tendrá disponibles lascopias necesarias del formulario y del apéndice explicativo para toda personaque tenga obligación de cumplimentarlos y someterlos. Para cada tipo deinformación a divulgarse, el Director determinará por reglamento e indicará enel formulario, el método de divulgación, incluyendo si deberá divulgarse lafuente, si se indica la cuantía exacta o se informa el valor mediantecategorías o renglones y el grado de identificación de la información sometida.

Seráobligación del Director preparar y publicar guías sobre los métodos decontabilidad y para someter la información requerida que serán utilizadas porlas personas que sometan informes financieros bajo esta ley.

Lapersona que someta el informe calculará el valor aproximado de cada renglón abase de las guías que prepare y publique el Director.

Artículo4.4- Información requerida

La reglamentaciónque adopte el Director de la Oficina de Ética Gubernamental podrá exigir quetodo informe financiero incluya la siguiente información para el períodocubierto en el informe relativo a la persona que someta el informe y sucónyuge:

(1) Nombre y dirección oficial y cargo o empleo público ocupado por lapersona que somete el informe.

(2) Nombre o nombres bajo los cuales hacen negocios.

(3) La ocupación, profesión u oficio.

(4) Nombre y dirección del principal lugar de negocios o de trabajo.

(5) Todas las relaciones de empleo o negocio.

(6) Nombre, dirección y nombre o nombres bajo los cuales hacen negociosotros miembros de su unidad familiar que son funcionarios o empleados públicos,que han realizado negocios con o han prestado servicios al Gobierno de PuertoRico o sus municipios durante el período cubierto por el informe financiero oque son socios, directores o empleados de negocios o entidades que hanrealizado negocios o han prestado servicios al Gobierno de Puerto Rico o sus municipiosdurante ese período.

(7) Ingresos e intereses en propiedades muebles o inmuebles y en cualquierpropiedad en su acepción más amplia.

(8) Acciones, bonos de empresas privadas, pólizas de seguro y otras participacionespropietarias en empresas o negocios cuyo valor en conjunto exceda de mil(l,000) dólares, incluyendo indicación de cada empresa o negocio envuelto.

(9) Bonos estatales o municipales cuyo valor en conjunto exceda demil(l,000) dólares, y toda transacción relacionada durante el período cubiertopor el informe.

(10) Deudasque hayan tenido un balance de más de mil (l,000) dólares en cualquier momentodurante el período cubierto por el informe, indicando tipo de interés de cadadeuda, e incluyendo toda la liquidación de deuda o reducción a mil (l,000)dólares o menos durante el período cubierto por el informe.

(11) Deudasen relación a las cuales se esté recibiendo cualquier tipo de tratamientoespecial o preferencial al compararse con el que reciben otros deudores delmismo acreedor en circunstancias similares por el mismo tipo de deuda.

(12) Transaccionesde compra, venta o permuta de propiedades muebles o inmuebles.

(13) Arregloso acuerdos para remuneración futura.

(14) Unarelación de todo regalo recibido, excluyendo pago de transportación, comidas,alojamiento y entretenimiento, con indicación del nombre y dirección deldonante cuyo valor agregado por donante exceda de doscientos cincuenta (250)dólares por año y que haya sido recibido de personas que no tengan parentescode por lo menos el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y queno hayan constituido una muestra de hospitalidad estrictamente personal ofamiliar.

(15) Todaotra información que, a juicio de la persona que somete el informe o delDirector, sea pertinente para la correcta evaluación de su situación financieraen el contexto del interés público que inspira la presente ley.

Artículo4.5- Excepciones en determinados casos

(a) El Director de la Oficina de Ética Gubernamental tendrá facultad para,de su propia iniciativa o a solicitud de persona interesada, eximir delrequisito de rendir el informe financiero a una persona desaparecida, fallecidao incapacitada a tal grado que le impida presentar su informe o de eximir acualquier persona de incluir en el informe determinados datos, o autorizaralguna modificación en su presentación, si concluye que la aplicación estrictadel requisito de ley ocasionaría perjuicio irrazonable al solicitante o a untercero, y que al hacer la excepción no se frustrarán los propósitos de estaley.

(b) En casos de seguridad u otro interés público apremiante el Directorpodrá eximir a determinadas personas de cumplir con las disposicionesespeciales de esta ley o establecer condiciones y procedimientos especialespara dichas personas.

(c) Toda excepción autorizada bajo el presente Artículo se limitará en sualcance a lo estrictamente necesario para evitar el perjuicio anticipado.

Artículo4.6- Juramento. Auditoría

Losinformes financieros requeridos por esta ley serán juramentados por elfuncionario o empleado público cuya situación describe.

ElDirector podrá requerir que el informe financiero sea auditado por un contadorpúblico autorizado. De requerir que elinforme sea auditado, la Oficina podrá reembolsarle a la persona por el costode los servicios prestados por un contador autorizado, sujeto a los requisitosque el Director establezca por reglamento.

Artículo4.7- Entrega de los Informes

Losinformes financieros requeridos por esta ley se someterán a la Oficina de ÉticaGubernamental o al funcionario en quien éste delegue, mediante entrega personalo envío por correo certificado.

Artículo4.8‑ Custodia y Acceso Público a los Informes Financieros Requeridos poresta ley

(a) El Director podrá permitir la inspección y el acceso a los informesfinancieros que se radiquen a tenor con lo dispuesto en esta ley únicamentecuando estos informes sean finales y cuando la persona interesada demuestre alDirector que necesita la información para someter datos adicionales que revelenla posible violación a las disposiciones de esta ley. El Director suministrará, libre de costo, copia de los informesfinancieros que sean finales cuando sean requeridos por las agencias gubernamentalescomo parte de una gestión oficial.

(b) Toda persona que obtenga acceso a parte o a la totalidad de un informede situación financiera radicado ante la Oficina, podrá usar la información asíobtenida únicamente para los propósitos relacionados con los fines de esteley. Cualquier otro uso que haga de lareferida información será ilegal.

(c) Se prohíbe el uso de parte o de la totalidad de un informe financieroradicado ante la Oficina bajo esta ley con el fin de obtener algún beneficio comercial,para determinar o establecer la clasificación de crédito de una persona o paratratar de conseguir algún beneficio particular ajeno a los objetivos de estaley.

(d) No obstante lo dispuesto en el Inciso (a) de este Artículo, no sepermitirá la inspección pública de estos informes financieros, ni sesuministrará copia de estos informes, ni se permitirá copiarlos hasta que lapersona interesada haya radicado una solicitud escrita bajo juramento en queinforme lo siguiente:

1. el nombre, dirección y ocupación delsolicitante.

2.el nombre, dirección de la persona, organización o dependenciagubernamental para la cual solicita el informe.

3. que elsolicitante conoce las prohibiciones y restricciones en cuanto al uso de estosinformes.

4. los datos o información en que el solicitantefundamente su creencia de que existe una posible violación a las disposicionesde esta Ley que justifique la concesión de acceso al informe financiero.

Se exceptúa a las agencias gubernamentales decumplir con el requisito de juramentación.

(e) Toda persona que, a sabiendas y voluntariamente, suministre datoscontenidos en los informes financieros radicados ante la Oficina o permitacopiarlos sin la autorización del Director incurrirá en delito grave que serácastigado con reclusión por un término fijo de un (1) año o multa de dos mil(2,000) dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal.

De mediar circunstancias agravantes la pena fijaestablecida podrá ser aumentada hasta un máximo de dos (2) años o hasta cincomil (5,000) dólares. De mediarcircunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) mesesun (1) día o hasta mil (1,000) dólares.

Artículo4.9- Conservación de los Informes Financieros

LaOficina establecerá por reglamento, el período por el cual habrá de conservar ymantener accesibles al público los informes financieros que se radiquen a tenorcon lo dispuesto en esta ley. LaOficina tendrá la obligación de conservar estos informes por un período nomenor de tres (3) años después que el funcionario público haya cesado en sucargo. Ningún documento podrá serdestruido cuando sea necesario para completar una investigación que se haya iniciado.

Artículo4.l0- Acciones con relación a los informes

Unavez recibido cada informe de situación financiera de los requeridos por estaLey, la Oficina lo examinará y estudiará dentro de los noventa (90) díassiguientes a la fecha de radicación con miras a lo siguiente:

(a) Si después de estudiar y analizar el informe financiero el Directoropina que, a base de la información que contiene dicho informe, la persona quesomete el mismo ha cumplido con las leyes y reglamentos aplicables, así lo haráconstar en el informe financiero y lo firmará.

(b) Si el Director determina que es necesario que se someta informaciónadicional, notificará a la persona que radicó el informe financiero lainformación adicional que se requiere y le exigirá que someta dicha informaciónadicional dentro de un período no mayor de treinta (30) días, a partir de lafecha de dicha notificación. Si, en suopinión, basado en la información sometida, la persona no está cumpliendo conlas leyes y los reglamentos aplicables, así se lo notificará a dicha persona,indicando específicamente los aspectos en que se considera que el informe nocumple con los requisitos de ley. En dicha notificación, el Director leinformará a la persona su derecho de presentar su contención por escrito, y,además, si así lo interesare, solicitar una vista ante la Oficina. Basado entoda la información sometida, el Director preparará una determinaciónpreliminar, la cual notificará a la persona, y le proveerá tiempo razonablepara contestar la misma, que no excederá de treinta (30) días.

Luego de considerar dicha contestación, de elloproceder, modificará el informe, y rendirá un informe final, el cual seconsiderará un documento público. ElDirector deberá mantener la estricta confidencialidad de los procesos derevisión con anterioridad al informe final.Si ello procediera, el Director podrá, directamente o mediante la ayudadel Secretario de Justicia, tomar la acción procedente en caso de que dichoinforme revele que ha ocurrido alguna violación de ley que requiera acciónpenal o de otra índole.

(c) En todo caso en que al comparar el más reciente informe con elanterior, se detecte algún incremento o cambio sustancial en algún renglón parael cual el Director considere que no hay explicación satisfactoria, serequerirá al informante que ofrezca una explicación y las pruebas demostrativasdel origen lícito de tales recursos. Deconsiderarlo necesario, el Director procederá a realizar la investigacióncorrespondiente. Si luego de ofrecidaslas pruebas y la explicación pertinente por parte del servidor público, eldirector estima que las mismas no son satisfactorias podrá, directamente omediante la ayuda del Secretario de Justicia, tomar las acciones pertinentes.

(d) Cuando se trate de informes financieros de los miembros de la AsambleaLegislativa, el Director recibirá y evaluará los informes para constatar que lainformación este completa. Una vezverifique que la información está completa, determinará que el informe es finalpara que se considere como un documento público. El acceso público a dicho informe se regirá por lo dispuesto enel Artículo 4.8 de esta Ley y en los Códigos de Ética de la Rama Legislativa ode la Cámara correspondiente. Cuando ajuicio del Director exista la posibilidad de que un funcionario o empleado dela Rama Legislativa haya violado las disposiciones de este Capítulo, elDirector remitirá el informe financiero a la Cámara correspondiente para que setomen las acciones que correspondan.

(e) Cuando se trate de informe financiero de la Rama Judicial, el Directorrecibirá y evaluará los informes para constatar que la información estécompleta.

Una vez verifique que la información está completa,determinará que el informe es final y lo devolverá al Hon. Juez Presidente delTribunal Supremo. El acceso público adicho informe se regirá por lo dispuesto en el Artículo 4.8 de esta Ley y en elCódigo de Ética de la Rama Judicial.Cuando a juicio del Director exista la posibilidad que un juez, directoradministrativo o funcionario de alta jerarquía haya violado las disposicionesde este subcapítulo, el Director remitirá el informe financiero conjuntamentecon una relación de sus hallazgos al Tribunal Supremo para que se tomen lasacciones que correspondan según su Código de Ética y Reglamento.

Artículo4.11- Incumplimiento o Falsificación

A. Acción deNaturaleza Penal

1. Toda persona que, a sabiendas yvoluntariamente, falsifique o deje de radicar o divulgar cualquier informaciónsustancial que este Capítulo le requiere someter, incurrirá en delito grave yconvicta que fuere será sancionada por cada violación con pena de reclusión porun término fijo de un (1) año o multa de dos mil (2,000) dólares o ambas penasa discreción del Tribunal.

2. De mediar circunstancias agravantes, la pena fijaestablecida podrá ser aumentada hasta un máximo de dos (2) años o hasta cincomil (5,000) dólares. De mediarcircunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) mesesun (1) día o hasta mil (1,000) dólares.

3. La persona así convicta quedará inhabilitadapara desempeñar cualquier cargo o empleo público sujeto a lo dispuesto en laSección 3.4 de la Ley 5 del l4 de octubre de l975, según enmendada, conocidacomo Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico.

4. Los delitos establecidos en este artículoprescribirán a los siete (7) años.

5. La persona convicta no tendrá el beneficio desentencia suspendida.

B. Accionesde Naturaleza Civil

1. El Secretario de Justicia tendrá facultad parasolicitar del Tribunal Superior la expedición de un interdicto para impedircualquier violación de este Capítulo e interponer las acciones que procedanpara cobrar las sanciones civiles que se imponen a favor del Estado.

2. Toda persona que reciba un beneficioeconómico como resultado de la violación de este Capítulo vendrá obligado apagar al Estado como sanción civil por su incumplimiento una suma equivalente atres veces el valor del beneficio económico recibido.

3. Además de las sanciones penales y civilesantes señaladas, la violación de cualquiera de las disposiciones de esteCapítulo puede ser penalizada, en los casos aplicables, con cualquiera de lassiguientes sanciones administrativas impuestas por la autoridadcorrespondiente:

a. amonestaciónescrita

b.suspensión de empleo y sueldo

c.destitución o despido

(Video) Psicología para sentirse bien - El Maltrato Infantil, Primera Parte

Artículo5.l- Capacidad para promover investigaciones

A. Cualquier ciudadano privado o cualquier funcionarioo empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico podrá solicitar de laOficina, mediante querella escrita y bajo juramento, que ésta inicie unainvestigación bajo cualquiera de las disposiciones de esta Ley. A tal fin el promovente deberá exponer en suquerella todos los hechos en que se fundamenta su creencia de que procede lainvestigación.

B. Dentro de los sesenta (60) días siguientes a lafecha de radicación de la querella, la Oficina realizará una evaluación ynotificará al querellante la acción que se propone seguir. Si la Oficina entiende que es innecesariollevar a cabo una investigación, así lo informará al querellante dentro deltérmino antes descrito.

C. Si la Oficina entiende que procede efectuar unainvestigación, deberá concluir la misma dentro del término de los ciento veinte(l20) días siguientes a la fecha en que haya notificado al querellante laacción que se proponía seguir.Concluida la investigación, la Oficina decidirá si ha de procederjudicial o administrativamente contra el funcionario o empleado querellado o sihabrá de eximirlo de responsabilidad ulterior.

Artículo5.1A.- Acceso a información

Lainformación bajo custodia de la Oficina, recopilada con el objeto de hacercumplir esta Ley, podrá ser inspeccionada por cualquier ciudadano siempre ycuando al así hacerlo:

(a) no interfiera con los procedimientos para hacer cumplir esta Ley;

(b) no prive a una persona del derecho a un procedimiento adjudicativojusto y a una determinación final imparcial, conforme a lo dispuesto en estaLey y en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocidacomo la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado LibreAsociado de Puerto Rico";

(c) no constituya una intrusión injustificada de la intimidad delquerellado o de alguna otra persona;

(d) no revele la identidad de una fuente confidencial;

(e) no revele técnicas y procedimientos investigativos;

(f) no ponga en peligro la vida o la seguridad físicadel personal que hace cumplir esta Ley, la del querellante o la de un testigo.

Sóloel Director Ejecutivo podrá autorizar la divulgación de información relacionadacon el funcionamiento, operación o actividades de esta Oficina. Cualquier empleado, funcionario, Oficial opersona que por descuido u omisión, o deliberadamente, ofreciere información,diere a la publicidad o públicamente comentare cualquier investigación enprogreso de la Oficina, sin estar autorizado para ello, será culpable de delitograve y convicto que fuere se le impondrá pena de reclusión por un término fijode un (1) año o multa de dos mil (2,000) dólares, o ambas penas a discrecióndel tribunal.

Demediar circunstancias agravantes la pena fija establecida podrá ser aumentadahasta un máximo de dos (2) años o hasta cinco mil (5,000) dólares. De mediar circunstancias atenuantes, podráser reducida hasta un mínimo de seis (6) meses un (1) día o hasta mil (1,000)dólares.

Artículo5.2- Revisión Judicial

Todofuncionario público que resulte afectado por alguna decisión, resolución, ordeno acción de la Oficina tendrá derecho a revisión judicial sometiendo lacorrespondiente petición ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, connotificación a la Oficina, dentro de los treinta (30) días de haberle sidonotificada la decisión, resolución, orden o acción. Las conclusiones de hecho de la Oficina que estén apoyadas porevidencia sustancial a base de la totalidad del récord, serán obligatorias parael Tribunal.

Cuandose trate de una solicitud de revisión judicial de una decisión o resolución dela Oficina denegando una solicitud de acceso a información bajo custodia de laOficina, aplicará el procedimiento siguiente:

(a) A petición de la parte recurrente, el tribunal podrá ordenar alDirector Ejecutivo que someta una relación bajo juramento de todos losdocumentos recopilados en la Oficina que sean pertinentes a la solicitud derevisión.

(b) El Director Ejecutivo especificará qué documentos a su juicio no debenser revelados expresando las razones para ello. El tribunal podrá ordenar que el Director Ejecutivo los produzcapara ser inspeccionados por el juez con exclusión de las partes y sus abogados.

(c) Hecho el examen, el tribunal ordenará al Director Ejecutivo queentregue copia de los documentos o porción de documentos sobre los que no hubiereninguna objeción o de aquellos que, a pesar de la objeción, el tribunal estimeque no están protegidos por los criterios de exclusión establecidos en elArtículo 5.1A.

Entodo caso, el tribunal tendrá amplia discreción para regular y dirigir estos procedimientosde forma que se garantice que personas ajenas a la función judicial no tendránacceso a aquellos documentos, si alguno, que no deban ser divulgados.

Artículo5.3- Informes Anuales

LaOficina de Etica Gubernamental rendirá al Gobernador y a la AsambleaLegislativa de Puerto Rico, no más tarde del 30 de junio de cada año, uninforme detallado que contenga, entre otra, la siguiente información:

(a) descripción detallada del trabajo realizado por la Oficina durante elaño anterior, desglosando su presupuesto y la utilización de los recursos.

(b) el total de casos radicados, pendientes y resueltos durante el períodocubierto por el informe relacionado con posibles violaciones a los cánones deética o a otras normas de conducta aplicables a los funcionarios y empleadosgubernamentales.

(c) el total de informes financieros radicados durante el períodocomprendido en el informe, indicando los casos que han sido objeto deinvestigación, de requerimiento de información adicional por parte de laOficina, o de señalamiento de naturaleza grave.

(d) las acciones de naturaleza civil o criminal que ha instado la Oficinao el Secretario de Justicia durante el período comprendido en el informe poralegadas violaciones a las disposiciones de esta ley.

(e) las medidas correctivas que ha instado la Oficina de parte de otrosfuncionarios y agencias gubernamentales y la disposición final tomada.

(f) una descripción de los sistemas establecidos parainformar al Secretario de Justicia sobre las alegadas violaciones a las leyessobre conflictos de intereses y sobre informes financieros y una evaluación dela eficacia de estos sistemas.

(g) las recomendaciones sugeridas por la Oficina para mejorar laefectividad de las disposiciones legales que rigen los conflictos de interesesy las normas de conducta de los funcionarios y empleados públicos.

Artículo5.4- Asignación de Fondos

Seasigna a la Oficina de Ética Gubernamental la cantidad de doscientos cincuentamil (250,000) dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, parainiciar y llevar a cabo las funciones de esta Oficina durante el año l985‑86. En años fiscales subsiguientes, elGobernador incluirá los cálculos para los gastos corrientes de la Oficina en elPresupuesto sin revisarlos.

Artículo5.5- Nada de lo contenido en esta ley será interpretado o aplicado de forma quelimite o conflija con el poder de la Asamblea Legislativa para disciplinar susmiembros o para llevar a cabo procesos de residenciamiento ni con los poderesde la Comisión Estatal para Ventilar Querellas Municipales, ni con la facultadde las agencias gubernamentales para disciplinar a los servidores públicos queen ellas trabajan.

Artículo5.6‑ Separabilidad de las Disposiciones

Sicualquier cláusula, párrafo, artículo, capítulo o parte de esta ley fueradeclarada inconstitucional por un tribunal con jurisdicción, la sentenciadictada no afectará ni invalidará el resto de esta ley y su efecto se limitaráa la cláusula, párrafo, artículo, capítulo o parte declarada inconstitucional.

Artículo5.7- Derogación

Sederoga la Ley Núm. 110 del l2 de mayo de l943 y la Ley Núm. 28 del 8 de juniode l948, según enmendadas. Estaderogación no afectará los procedimientos instados o que puedan instarse alamparo de las disposiciones de estas leyes.

Artículo5.8- Vigencia

EstaLey comenzará a regir a los sesenta (60) días siguientes a la fecha deaprobación, excepto la disposición relativa a la asignación de fondos la cualentrará a regir el día lro. de julio de l985.

....................................................
Presidente del Senado

....................................................
Presidente de la Cámara

Créditos:

Este documento fue preparado por laOficina de Ética Gubernamental. En el mismo se han incorporado todas lasenmiendas hechas a la Ley de Ética Gubernamental a fin de facilitar suconsulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originalesde dichas leyes.LexJuris incluye los enlace a las leyes enmiendas y lasExposiciones de Motivos de dichas leyes.

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Estason las leyes con las enmiendas incorporadas a la ley. Presione sobre la leypara la Exposición de motivos o ley completa.

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Leyes: Presione para Exposición de Motivos o Ley completa

Ley Núm. 7 de 30 de abril de 1990,

Ley Núm. 3 de 5 de abril de 1991,

Ley Núm. 150 de 22 de diciembre de 1994,

Ley Núm. 24 de 16 de febrero de 1995,

Ley Núm. 93 de 30 de julio de 1996,

Ley Núm. 6 de 4 de abril de 1997, Ley completa

Ley Núm. 131 de 15 de noviembre de 1997, Ley completa

Ley Núm. 143 de 18 de julio de 1998, Ley completa

Ley Núm. 157 de 18 de julio de 1999, Ley completa

Ley Núm. 228 de 29 de agosto de 2000, Ley completa

Ley Núm. 291 de 1 de septiembre de 2000, Ley completa

Ley Núm. 381 de 6 de septiembre de 2000 Ley completa

Ley Núm. 13 de 11 de abril de 2001 Ley completa

Ley Núm. 53 de 6 de julio de 2001 Ley completa

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ADVERTENCIA

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¿Qué es la Ley 254? ›

Se reconoce el derecho de establecer práctica privada e independiente al profesional de enfermería en las categorías de enfermero/a generalista, especialista y de práctica avanzada.

¿Qué dice la Ley 22 de Puerto Rico? ›

La Ley de Vehículos y Tránsito, también conocida como Ley número 22-2000 es la que regula todo lo correspondiente a la utilización de vehículos de motor en las vías públicas de Puerto Rico así como los aspectos de la titularidad de éstos y la capacidad de los ciudadanos a ser conductores.

¿Qué es la ley 15 en Puerto Rico? ›

15 de 14 de abril de 1931, según enmendada. El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos tendrá a su cargo la compilación, análisis e interpretación de los datos estadísticos referentes al trabajo en las diversas industrias, negocios y ocupaciones.

¿Qué es la Ley 7 de Puerto Rico? ›

Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico, Ley 7-2009, estableció, entre otros, un plan de tres fases para la reducción de la nómina del gobierno.

¿Qué dice la Ley 54 en Puerto Rico? ›

Como política pública, el Gobierno de Puerto Rico repudia enérgicamente la violencia doméstica por ser contraria a los valores de paz, dignidad y respeto que este pueblo quiere mantener para los individuos, las familias y la comunidad en general.

¿Cuál es la Ley 82? ›

Se autoriza a las enfermeras profesionales autorizadas por la Junta Examinadora de Enfermeras de Puerto Rico a ejercer como tales en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a constituirse en entidad jurídica o corporación cuasi pública bajo el nombre de "Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico".

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Author: Pres. Carey Rath

Last Updated: 11/12/2022

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